Resurgió nuevamente, por parte del Concejo de Estado el decreto presidencial con él que se autorizaba a alcaldes y gobernadores pedir asistencia militar, en caso de que las protestas sociales alteren el orden público.

Se refiere a una petición de la Agencia jurídica del Estado que alegaba la permanencia del decreto. Al respecto, la entidad argumenta que esta medida “no amenaza ni vulnera los derechos fundamentales de los protestantes”.

Cabe resaltar que, una tutela radicada por varios caleños había suspendido el estatuto del presidente Duque. En ese orden, consideraban que la respuesta de la Fuerza Pública durante el Paro Nacional atenta contra el ejercicio de su derecho a la protesta social. Además, aseguraban que se ponía en riesgo su vida, al debido proceso y desaparición forzada.

En ese entonces, la Sección Cuarta afirmó que la protesta social en sí no pone en riesgo la soberanía nacional, por lo que el apoyo militar no era necesario.

En cambio, reconocen que se pueden presentar hechos de violencia, para lo que la Policía puede realizar, “por ejemplo, detenciones preventivas, en los términos previstos en la ley”.

Sin embargo, al Consejo de Estado llegaron informes sobre 15 fallecidos, resultado de hechos de violencia durante las protestas de abril, delas cuales tres fueron atribuidas a la Fuerza Pública.

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