Serán verificados los elementos de dotación con los que cuentan los policías, el martes el gobierno expidió el decreto con el protocolo de acciones para garantizar el buen uso de la fuerza legítima del Estado y el derecho a la marcha pacífica.

Esto surgió luego de que la sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia determinara en septiembre del 2020 que existía una problemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las protestas ciudadanas, y le ordeno al Gobierno adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la marcha pacífica y no destructiva.

El protocolo fue denominado “Estatuto de reacción y uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y Protección del derecho a la protesta pacífica” contiene directrices para la actuación de las autoridades de policía en sus funciones de garantía de derechos fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y el orden público en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas.

En primer lugar, asegura que las autoridades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial están en la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación en el desarrollo de las manifestaciones públicas. Serán los gobernadores, alcaldes distritales y municipales quienes deberán disponer el acompañamiento de la movilización o funcionarios delegados, para que promuevan dialogo.

Además, advierte que le gobernador y el alcalde son las primeras autoridades de policía en el departamento y el municipio, respectivamente.

USO DE LA FUERZA: Frente al uso de la fuerza, enfatiza que será el último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas.

ACTUACIÓN DEL ESMADA: El estatuto asegura que la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) será entendida como la última instancia y el último recurso para controlar los actos de violencia que comentan personas con focos específicos dentro de una manifestación.

NO ESTIGMATIZAR: Otro punto de este decreto es que las autoridades de policía se deben abstener de realizar pronunciamientos o conductas que propicien perjuicios, discriminen, deslegitimen o descalifiquen a quienes ejercen su derecho a la manifestación.

PROHIBICIÓN DE ARMAS DE FUEGO: “El personal uniformado de la Policía Nacional que intervenga en manifestaciones públicas y pacificas no podrá hacer uso de armas de fuego en la prestación del citado servicio”.

 

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