El Consejo de Estado nuevamente condenó a la Nación por fumigaciones que adelantó el Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Policía con glifosato entre el 2008 y el 2009 en Guapi, Costa Pacífica del Cauca.

Lo anterior, porque entre los cultivos afectados quedaron los de un campesino que tenía árboles de diferentes frutas y plantas medicinales, que eran legales.

El ciudadano acudió a instancias judiciales afirmando que los cultivos eran su único sustento y nunca se hizo un estudio sobre cuáles eran los que pretendían afectar. También, dijo que fue a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía y al Área de Erradicación de Cultivos para que lo repararan, pero no obtuvo respuesta.

El tema llegó hasta el Consejo de Estado y se abrió un debate sobre las pruebas que aportó el hombre, pues el Ministerio de Defensa las criticó al decir que ninguna era técnica en relación con el tipo de cultivo y el estado actual de la tierra como consecuencia de la aspersión.

Sin embargo, el Consejo señaló que “ello no es suficiente para negar las pretensiones dado que existen otros medios de prueba: testimoniales y documentales”.

«El Alcalde Municipal informó al proceso que recibió varias quejas de afectación tanto a los cultivos como a la salud humana, con la fumigación aérea que la Dirección de Antinarcóticos realizó en la zona en los años 2008 y 2009”.

Además, se aportaron fotografías, pero no se adjuntaron pruebas que permitieran determinar qué monto debe recibir el campesino como indemnización.

Ante eso, le dio tres meses para que recoja las pruebas y se pueda definir la cantidad.

“La Sala a manera de conclusión puede afirmar que el demandante no tenía la obligación jurídica de soportar el daño antijurídico causado por la entidad demandada por lo que a ésta le asiste el deber de repararlo integralmente. Quien crea un riesgo con la ejecución de una actividad lícita, debe reparar los daños antijurídicos que cause sin que sea necesario acreditar que incumplió con los deberes de cuidado que le eran exigibles”, profiere la sentencia.

La decisión se conoce cuando el Gobierno sigue estudiando la posibilidad de usar este químico, pues ha dicho la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, que le pedirán a la Corte Constitucional revisar la sentencia que exige que para usarlo se debe demostrar con certeza que no causa daño ni a la salud humana ni al medio ambiente.

La Corte Constitucional realizará una audiencia de seguimiento sobre este tema a finales de febrero de 2019.