La Fiscalía General de la Nación, en trabajo articulado con la Dirección de Carabineros de la
Policía Nacional, detectó el patrimonio ilícito que habría constituido un clan familiar, conocido como ‘Lucar’, a través de la extracción ilícita de oro y el deterioro indiscriminado de los recursos naturales.

Las señaladas cabezas de esta dinastía criminal, Luis Aníbal Cardona Henao y sus hijos Jaider Andrés, Huber Aníbal y Luis Guillermo Cardona Mayo, al parecer, adquirieron una importante cantidad de bienes con los dineros obtenidos por minería ilegal en Antioquia, Cauca y sur de Bolívar.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 27 inmuebles; entre fincas, apartamentos, casas, lotes y edificaciones; además de 4
establecimientos de comercio, 2 sociedades y 3 vehículos, que figuraban a nombre del ‘Clan Lucar’ y su núcleo familiar.

Los bienes, cuyo valor comercial ascendería a 25 mil millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas en los municipios antioqueños de San Rafael, Guatapé, El Peñol, Barbosa, Bello y Cisneros. Sobresalen fincas lujosas, edificios y la mitad de un islote ubicado en la represa de Guatapé (Antioquia) avaluado en 2.003 millones de pesos.

Así mismo, llamó la atención un predio localizado en zona rural de San Rafael (Antioquia) donde funcionaba la mina San Julián, en la que mediante la modalidad de socavón se extraía oro en grandes cantidades. Este predio estaba rodeado a su vez, por 11 lotes de terreno de gran extensión que le permitieron a esta organización tener independencia durante las labores de explotación del mineral y expandir su cobertura de acción.

Los elementos de prueba indican que, para dar apariencia de legalidad a los millonarios ingresos obtenidos ilícitamente, esta red adquiría inmuebles en los que se levantaban complejos comerciales que, posteriormente, eran arrendados.

De la misma manera, hay evidencia sobre la venta de oro a distintas comercializadoras que
posteriormente pagaron regalías al Estado y reportaron a Luis Aníbal Cardona como vendedor del mineral, cuya procedencia era ilícita, pues nunca tuvo título minero autorizado por la Agencia Nacional de Minería.

Este resultado responde a los lineamientos definidos por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024, que priorizó la persecución y afectación de los activos obtenidos por las estructuras criminales dedicadas a la minería ilegal.

Génesis del caso
El trabajo investigativo de las direcciones seccionales de la Fiscalía en Antioquia y Cauca puso en evidencia las maniobras a las que recurrieron los integrantes del ‘Clan Lucar’ para entrar maquinaria pesada a los entables mineros, acelerar la extracción de oro y sacar el producto para comercializarlo.

Se logró establecer que el cabecilla hizo diversas solicitudes de legalización minera y de contratos de concesión para explotar, las mismas que fueron rechazadas por la Agencia Nacional Minera.

En el curso del proceso se estableció que Luis Aníbal Cardona Henao concentró las operaciones legales en San Rafael y Segovia (Antioquia); mientras que sus hijos se encargaron de sostener yacimientos en El Bordo y Bolívar (Cauca), sobre el río Guachicono, y en otros municipios antioqueños.

El cruce de información puso al descubierto que los Cardona reportaron ante la DIAN cerca de mil millones de pesos por operaciones mineras cumplidas entre 2010 y 2014, claramente amparados en normas que no les eran aplicables. Asimismo, parte del oro declarado salió de 14 minas ubicadas en distintos municipios de Antioquia, pero fue registrado como si hubiera sido extraído en una sola mina, que no tenía título minero