Organismos de control como la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación han descubierto varios sobrecostos exagerados en contratos destinados a la atención de la emergencia del coronavirus, en kits y elementos de protección, con un elemento adicional: se detectaron tres casos de personal médico (un médico, una enfermera y un psicólogo) contratados por un municipio de Córdoba y que cobraron buena parte del valor del contrato, aunque solo trabajaron dos días. Anunció la Contraloría.

El exmagistrado Wilson Ruiz afirmó que  los “funcionarios que participen en posibles actos de corrupción en la emergencia, podrían enfrentar investigaciones desde lo penal, lo fiscal y disciplinarias. Igualmente el  particular, que se preste para ello”.

De acuerdo con el jurista, desde lo penal podrían incurrir en delitos Contra la Administración Pública como peculado por apropiación, concusión, cohecho, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, enriquecimiento ilícito y prevaricato por acción u omisión, y de hallarse responsable enfrentarían penas que van desde los 4 a 22 años de prisión.

Segundo: quienes incurran en actos de corrupción y comprometan su responsabilidad fiscal, la Contraloría, podría ordenar la devolución de los dineros malversados e inhabilitar de por vida a los funcionarios a acceder a cualquier contrato o nombramiento público.

Por último, en lo disciplinario, los funcionarios desde el principio de la investigación podrían ser  apartados de sus cargos y luego del procedimiento de rigor, ser sancionados con destitución e inhabilidad que oscilan entre los 5 a 20 años o suspensión del ejercicio del cargo de 1 a 24 meses.

 

AGENCIA DE NOTICIAS RPTV

Periodista: Paula Osorio